Para ello es fundamental un cambio en la forma de producir y usar la energía que es la mayor fuente de emisiones de CO2. La sustitución de formas de obtención de energía sucias por otras sostenibles necesita la paralización de los nuevos proyectos de centrales térmicas por su carácter de fábricas de cambio climático, el cierre progresivo de las centrales nucleares y el apoyo a la generación de electricidad con fuentes renovables: eliminando las barreras que existen para su crecimiento a gran escala y contando con el papel que los ciudadanos pueden jugar para transformar el sistema energético. Infórmate, comienza por cosas sencillas y pasa gradualmente a las difíciles, prueba nuevas alternativas.
Demandas de Greenpeace para la cumbre climática de Copenhague:
Demandas de Greenpeace para la cumbre climática de Copenhague:
La realidad del cambio climático supera con creces cualquiera de las previsiones científicas anteriores y es evidente que la amenaza de impactos irreversibles es mucho más inmediata de lo que hubiéramos podido imaginar. Sin duda, se puede calificar como el principal desafío socioambiental al que nos enfrentamos. Cada vez queda menos tiempo para evitar un cambio climático catastrófico.
Ahora sabemos que los impactos derivados de un aumento de temperatura de sólo 1,5°C pueden ser irreversibles y que un aumento de 2°C puede desencadenar consecuencias catastróficas y llevarnos a un punto en el que ya no haya vuelta atrás. Por estas razones, necesitamos un plan global que nos permita detener el aumento de la temperatura cuanto antes y descender, acto seguido, por debajo de los niveles actuales. Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero globales deben alcanzar su punto más alto en 2015 para descender posteriormente, con la mayor brevedad, hasta niveles tan próximos a cero como sea posible a mediados de siglo.
La cumbre climática mundial, que se celebra en diciembre en Copenhague, es la oportunidad que tenemos para salvar el clima. Para no desaprovecharla es necesario que los líderes políticos de todo el mundo asuman la responsabilidad de trabajar juntos para proteger a las personas, al medioambiente y al planeta.
La posición de la Unión Europea (UE) es un elemento clave en las negociaciones climáticas internacionales. La UE debe dar muestras de su liderazgo climático de antaño y asumir objetivos de reducción de emisiones ambiciosos, alineados con la ciencia climática, al mismo tiempo que ofrecer el apoyo financiero necesario para la lucha internacional contra el cambio climático.
En este sentido, Greenpeace demanda a los jefes de Estado y de Gobierno, y en especial al presidente español, José Luís Rodríguez Zapatero, que acuda personalmente a la cumbre de Copenhague y trabaje para:
1) La consecución de un acuerdo jurídicamente vinculante en Copenhague.
Los líderes políticos de los países desarrollados no pueden escudarse en la falta de tiempo para evitar suscribir un acuerdo jurídicamente vinculante en Copenhague. El tiempo necesario para negociar el contenido de una eventual decisión política o un acuerdo jurídico es el mismo, lo que cambia es la forma y es precisamente esto lo que es irrenunciable. Sería inaceptable que la cumbre de Copenhague terminara con una declaración política o una decisión que dejara abiertas cuestiones sobre cuáles son los objetivos a los que se ha comprometido cada país y cuál es la naturaleza legal de sus obligaciones.
En concreto, el acuerdo político que está promoviendo actualmente la presidencia danesa sugiere que estos elementos esenciales podrían ser incorporados al documento después de Copenhague. Esto provocaría un alargamiento indefinido del proceso y, lo que es peor, la incertidumbre acerca de los resultados y del mantenimiento de los elementos clave del Protocolo de Kioto. Esta opción, por lo tanto, queda muy lejos de lo que es necesario en la actualidad y debe ser retirada de las negociaciones.
El resultado más recomendable de Copenhague serían dos instrumentos legales ratificables: la modificación del Protocolo de Kioto y el establecimiento de un nuevo protocolo de Copenhague para cubrir los aspectos no recogidos en Kioto. De este modo se garantizaría que se conservan los compromisos de obligado cumplimiento.
Sólo si lo anterior no fuera posible, debería alcanzarse por lo menos un mandato fuerte, sin ambigüedades y con un calendario de trabajo para llegar a este resultado legalmente vinculante en una fecha concreta. En este caso, el acuerdo que se alcanzase en Copenhague debería recogerse en un marco de protocolo y llenarse de contenido para convertirlo en un texto legalmente vinculante y ratificable en seis meses. En otras palabras, el acuerdo que salga de Copenhague no debe estar sujeto a revisión (para evitar rebaja de los compromisos) sino, en todo caso, a la posterior concreción de los detalles.
Además, el proceso debe seguir activo y en su nivel máximo de tensión hasta que el tratado final se firme. Está claro que el hecho de que algunos líderes políticos se estén centrando en el proceso de las negociaciones climáticas responde a un objetivo claro: evitar hablar del contenido.
El planteamiento de la dicotomía entre “legalmente vinculante” y “jurídicamente vinculante” y el establecimiento de un “periodo de gracia” de 6 a 12 meses para cerrar el acuerdo, junto con la estrategia -sobre todo liderada por EEUU- de rebaja de las expectativas pueden generar una ola global de apatía, tanto en los políticos como en la sociedad civil, que nos aleje de abordar la cuestión esencial en este proceso: la necesidad de evitar unos desastres sin precedentes poniendo freno al cambio climático.
Aspectos clave del acuerdo:
·Responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países. El acuerdo debe poner de manifiesto cuáles son los compromisos legales de cada estado parte, explicitar las decisiones sobre los sistemas para mesurar, reportar y verificar las acciones de mitigación o el cumplimiento de los compromisos financieros de cada una de ellas y establecer estándares comunes e internacionales que son esenciales en la arquitectura internacional.
·Forma legal y arquitectura del acuerdo. Las partes deben acordar cuáles van a ser los instrumentos que las van a vincular al cumplimiento de sus compromisos y en los que se van a detallar los elementos que no queden suficientemente especificados en Copenhague.
·Imposibilidad de reabrir el acuerdo de Copenhague a posteriori. Las partes deben acordar que el compromiso al que se llegue en Copenhague no va a ser reabierto para posterior renegociación y sólo será susceptible de ser complementado para reforzar su valor vinculante y concretar los elementos accesorios restantes. Lo anterior significa que el acuerdo que se alcance en Copenhague debe incluir, por lo tanto, el lenguaje de “entrada en vigor”.
·Acuerdo sobre los elementos esenciales del contenido. Para evitar que posteriormente a la cumbre de Copenhague se rebaje el nivel de ambición acordado en la misma, el instrumento legal que se firme allí debe incluir suficiente nivel de detalle sobre los siguientes elementos: grado de ambición global; objetivos de reducción de emisiones de los países industrializados y acciones domésticas de los países en desarrollo; grado de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo; fuentes e instituciones de manejo de estos recursos económicos; objetivos de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; marco de aplicación a las emisiones derivadas del sector marítimo y aviación y régimen básico de implementación del acuerdo; así como mecanismos para garantizar su cumplimiento por parte de los países industrializados.
2) Elementos esenciales de contenido:
La clave del proceso de Copenhague es alcanzar un acuerdo en relación con los elementos esenciales que permitirán situar al mundo en la senda que demanda la ciencia y que es necesario seguir para garantizar la supervivencia de los países más vulnerables del mundo y, en última instancia, de toda la humanidad: Quedar tan lejos como sea posible de un aumento de la temperatura de 2°C. Para ello es indispensable alcanzar el pico de emisiones en los próximos años (alrededor de 2015) para descender después, tan rápido como sea posible, hasta alcanzar niveles cercanos a cero (por lo menos consiguiendo una reducción del 80%) para mitad de siglo y los elementos esenciales para conseguirlo son:
·Objetivo de reducción de emisiones conjuntas de los países industrializados del 40% para 2020 (en base a 1990). Si sumamos los compromisos puestos de manifiesto hasta ahora por los países industrializados no llegamos ni a una reducción del 20% de las emisiones y, por lo tanto, las posibilidades de quedar por debajo de un aumento peligroso de la temperatura en este contexto son, prácticamente, inexistentes. En el marco europeo, algunos países como Noruega ya están aumentando su grado de compromiso unilateral y otros están presionando en las reuniones de la UE para alcanzar, por lo menos, el 30% incondicional porque, como se ha puesto de manifiesto, el objetivo de la UE del 20% apenas requiere esfuerzo. En este sentido, es necesario que la UE apoye un objetivo de reducción de emisiones del 40% para 2020, tomando como base los niveles de 1990.
·Compromiso de los países en desarrollo de desviarse entre el 15 y el 30% de su ritmo de crecimiento de emisiones. Estas acciones nacionales, junto con las acciones que se lleven a cabo para la adaptación a los impactos del cambio climático que ya son inevitables contarían con el apoyo financiero y tecnológico de los países industrializados.
·Apoyo financiero y tecnológico, tanto para las acciones que deben llevarse a cabo de forma inmediata como a largo plazo (grados, fuentes e instituciones). En Copenhague deben quedar establecidos los rangos o escalas de contribuciones de cada Estado, las nuevas fuentes de las que se dispone para generar estos fondos y los detalles de su gestión. Es necesario que los países desarrollados aporten fondos públicos por valor de 110.000 millones de euros al año para 2020, a los que la UE debería contribuir con unos 35.000 millones. Estos fondos deben ser adicionales a los objetivos de Ayuda Oficial al Desarrollo, estar coordinados por un mecanismo internacional bajo la supervisión del CMNUCC y empezar a crearse progresivamente, mediante la aportación de entre 5.000 y 7.000 millones de euros para los años 2010, 2011 y 2012 e ir aumentando a partir de 2013. El rango de contribución de la UE que sugirió la Comisión Europea a estos efectos el pasado mes de septiembre -de 22.000 a 15.000 millones de euros- es totalmente insuficiente. Sin embargo, el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó, el 19 de octubre pasado, una resolución por la que recomienda que la contribución de la UE alcance los 30.000 millones de euros anuales para 2020.
·Establecimiento de un mecanismo efectivo de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Se deben poner los medios para evitar la actual desaparición de más de un millón de hectáreas mensuales de bosque tropical, que está liberando gran cantidad de gases de efecto invernadero (mayor a las emisiones mensuales de la Unión Europea) y contribuyendo decisivamente al cambio climático. Es urgente alcanzar niveles tan cercanos a cero como sea posible en deforestación tropical para 2020 y alcanzar deforestación cero para 2015 en las áreas prioritarias como el Amazonas y la cuenca del Congo. Para ello, es necesario crear un fondo global para los bosques con fondos públicos por valor de, como mínimo, 30.000 millones de euros anuales para 2020, que priorice la protección de los bosques naturales intactos, excluya de las actividades susceptibles de recibir fondos aquellas relacionadas con la industria forestal y no contemple la inclusión de las actividades subvencionadas en los mercados de carbono.
·Evitar la tentación de incluir LULUCF1 dentro de los compromisos de reducción de emisiones. España debe abandonar la postura que busca magnificar el papel de los bosques españoles como sumideros de carbono. Las reglas del LULUCF no pueden servir para generar créditos que supongan una reducción del esfuerzo para reducir las emisiones por la quema de combustibles fósiles. Todos los créditos generados por LULUCF deben contabilizarse como adicionales, y como resultado de nuevas políticas y medidas específicas. Además, todas las emisiones procedentes de LULUCF de origen humano (incluidos por tanto los incendios forestales) deben contabilizarse y añadirse a la contabilidad nacional de emisiones o restarse del secuestro de CO2 de las masas forestales.
Estos son los pasos a dar para que el acuerdo que se firme en Copenhague sea el acuerdo que el mundo necesita. El momento es ahora. Si los jefes de Estado no consiguen alcanzar un acuerdo legalmente vinculante en Copenhague significará que no han sido capaces de acercar sus posiciones respecto a los elementos clave que definen un acuerdo ambicioso, justo y vinculante. Y no sería por falta de tiempo sino de voluntad política de los países industrializados. Durante un periodo de dos años Copenhague se ha definido como el momento de hacer historia en la lucha contra el cambio climático y el mundo está esperando que así sea. Los líderes políticos mundiales sólo tienen que cumplir el compromiso manifestado en estos dos años de evitar un aumento de temperatura global de 2°C y Copenhague será un éxito.
Ahora sabemos que los impactos derivados de un aumento de temperatura de sólo 1,5°C pueden ser irreversibles y que un aumento de 2°C puede desencadenar consecuencias catastróficas y llevarnos a un punto en el que ya no haya vuelta atrás. Por estas razones, necesitamos un plan global que nos permita detener el aumento de la temperatura cuanto antes y descender, acto seguido, por debajo de los niveles actuales. Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero globales deben alcanzar su punto más alto en 2015 para descender posteriormente, con la mayor brevedad, hasta niveles tan próximos a cero como sea posible a mediados de siglo.
La cumbre climática mundial, que se celebra en diciembre en Copenhague, es la oportunidad que tenemos para salvar el clima. Para no desaprovecharla es necesario que los líderes políticos de todo el mundo asuman la responsabilidad de trabajar juntos para proteger a las personas, al medioambiente y al planeta.
La posición de la Unión Europea (UE) es un elemento clave en las negociaciones climáticas internacionales. La UE debe dar muestras de su liderazgo climático de antaño y asumir objetivos de reducción de emisiones ambiciosos, alineados con la ciencia climática, al mismo tiempo que ofrecer el apoyo financiero necesario para la lucha internacional contra el cambio climático.
En este sentido, Greenpeace demanda a los jefes de Estado y de Gobierno, y en especial al presidente español, José Luís Rodríguez Zapatero, que acuda personalmente a la cumbre de Copenhague y trabaje para:
1) La consecución de un acuerdo jurídicamente vinculante en Copenhague.
Los líderes políticos de los países desarrollados no pueden escudarse en la falta de tiempo para evitar suscribir un acuerdo jurídicamente vinculante en Copenhague. El tiempo necesario para negociar el contenido de una eventual decisión política o un acuerdo jurídico es el mismo, lo que cambia es la forma y es precisamente esto lo que es irrenunciable. Sería inaceptable que la cumbre de Copenhague terminara con una declaración política o una decisión que dejara abiertas cuestiones sobre cuáles son los objetivos a los que se ha comprometido cada país y cuál es la naturaleza legal de sus obligaciones.
En concreto, el acuerdo político que está promoviendo actualmente la presidencia danesa sugiere que estos elementos esenciales podrían ser incorporados al documento después de Copenhague. Esto provocaría un alargamiento indefinido del proceso y, lo que es peor, la incertidumbre acerca de los resultados y del mantenimiento de los elementos clave del Protocolo de Kioto. Esta opción, por lo tanto, queda muy lejos de lo que es necesario en la actualidad y debe ser retirada de las negociaciones.
El resultado más recomendable de Copenhague serían dos instrumentos legales ratificables: la modificación del Protocolo de Kioto y el establecimiento de un nuevo protocolo de Copenhague para cubrir los aspectos no recogidos en Kioto. De este modo se garantizaría que se conservan los compromisos de obligado cumplimiento.
Sólo si lo anterior no fuera posible, debería alcanzarse por lo menos un mandato fuerte, sin ambigüedades y con un calendario de trabajo para llegar a este resultado legalmente vinculante en una fecha concreta. En este caso, el acuerdo que se alcanzase en Copenhague debería recogerse en un marco de protocolo y llenarse de contenido para convertirlo en un texto legalmente vinculante y ratificable en seis meses. En otras palabras, el acuerdo que salga de Copenhague no debe estar sujeto a revisión (para evitar rebaja de los compromisos) sino, en todo caso, a la posterior concreción de los detalles.
Además, el proceso debe seguir activo y en su nivel máximo de tensión hasta que el tratado final se firme. Está claro que el hecho de que algunos líderes políticos se estén centrando en el proceso de las negociaciones climáticas responde a un objetivo claro: evitar hablar del contenido.
El planteamiento de la dicotomía entre “legalmente vinculante” y “jurídicamente vinculante” y el establecimiento de un “periodo de gracia” de 6 a 12 meses para cerrar el acuerdo, junto con la estrategia -sobre todo liderada por EEUU- de rebaja de las expectativas pueden generar una ola global de apatía, tanto en los políticos como en la sociedad civil, que nos aleje de abordar la cuestión esencial en este proceso: la necesidad de evitar unos desastres sin precedentes poniendo freno al cambio climático.
Aspectos clave del acuerdo:
·Responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países. El acuerdo debe poner de manifiesto cuáles son los compromisos legales de cada estado parte, explicitar las decisiones sobre los sistemas para mesurar, reportar y verificar las acciones de mitigación o el cumplimiento de los compromisos financieros de cada una de ellas y establecer estándares comunes e internacionales que son esenciales en la arquitectura internacional.
·Forma legal y arquitectura del acuerdo. Las partes deben acordar cuáles van a ser los instrumentos que las van a vincular al cumplimiento de sus compromisos y en los que se van a detallar los elementos que no queden suficientemente especificados en Copenhague.
·Imposibilidad de reabrir el acuerdo de Copenhague a posteriori. Las partes deben acordar que el compromiso al que se llegue en Copenhague no va a ser reabierto para posterior renegociación y sólo será susceptible de ser complementado para reforzar su valor vinculante y concretar los elementos accesorios restantes. Lo anterior significa que el acuerdo que se alcance en Copenhague debe incluir, por lo tanto, el lenguaje de “entrada en vigor”.
·Acuerdo sobre los elementos esenciales del contenido. Para evitar que posteriormente a la cumbre de Copenhague se rebaje el nivel de ambición acordado en la misma, el instrumento legal que se firme allí debe incluir suficiente nivel de detalle sobre los siguientes elementos: grado de ambición global; objetivos de reducción de emisiones de los países industrializados y acciones domésticas de los países en desarrollo; grado de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo; fuentes e instituciones de manejo de estos recursos económicos; objetivos de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal; marco de aplicación a las emisiones derivadas del sector marítimo y aviación y régimen básico de implementación del acuerdo; así como mecanismos para garantizar su cumplimiento por parte de los países industrializados.
2) Elementos esenciales de contenido:
La clave del proceso de Copenhague es alcanzar un acuerdo en relación con los elementos esenciales que permitirán situar al mundo en la senda que demanda la ciencia y que es necesario seguir para garantizar la supervivencia de los países más vulnerables del mundo y, en última instancia, de toda la humanidad: Quedar tan lejos como sea posible de un aumento de la temperatura de 2°C. Para ello es indispensable alcanzar el pico de emisiones en los próximos años (alrededor de 2015) para descender después, tan rápido como sea posible, hasta alcanzar niveles cercanos a cero (por lo menos consiguiendo una reducción del 80%) para mitad de siglo y los elementos esenciales para conseguirlo son:
·Objetivo de reducción de emisiones conjuntas de los países industrializados del 40% para 2020 (en base a 1990). Si sumamos los compromisos puestos de manifiesto hasta ahora por los países industrializados no llegamos ni a una reducción del 20% de las emisiones y, por lo tanto, las posibilidades de quedar por debajo de un aumento peligroso de la temperatura en este contexto son, prácticamente, inexistentes. En el marco europeo, algunos países como Noruega ya están aumentando su grado de compromiso unilateral y otros están presionando en las reuniones de la UE para alcanzar, por lo menos, el 30% incondicional porque, como se ha puesto de manifiesto, el objetivo de la UE del 20% apenas requiere esfuerzo. En este sentido, es necesario que la UE apoye un objetivo de reducción de emisiones del 40% para 2020, tomando como base los niveles de 1990.
·Compromiso de los países en desarrollo de desviarse entre el 15 y el 30% de su ritmo de crecimiento de emisiones. Estas acciones nacionales, junto con las acciones que se lleven a cabo para la adaptación a los impactos del cambio climático que ya son inevitables contarían con el apoyo financiero y tecnológico de los países industrializados.
·Apoyo financiero y tecnológico, tanto para las acciones que deben llevarse a cabo de forma inmediata como a largo plazo (grados, fuentes e instituciones). En Copenhague deben quedar establecidos los rangos o escalas de contribuciones de cada Estado, las nuevas fuentes de las que se dispone para generar estos fondos y los detalles de su gestión. Es necesario que los países desarrollados aporten fondos públicos por valor de 110.000 millones de euros al año para 2020, a los que la UE debería contribuir con unos 35.000 millones. Estos fondos deben ser adicionales a los objetivos de Ayuda Oficial al Desarrollo, estar coordinados por un mecanismo internacional bajo la supervisión del CMNUCC y empezar a crearse progresivamente, mediante la aportación de entre 5.000 y 7.000 millones de euros para los años 2010, 2011 y 2012 e ir aumentando a partir de 2013. El rango de contribución de la UE que sugirió la Comisión Europea a estos efectos el pasado mes de septiembre -de 22.000 a 15.000 millones de euros- es totalmente insuficiente. Sin embargo, el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó, el 19 de octubre pasado, una resolución por la que recomienda que la contribución de la UE alcance los 30.000 millones de euros anuales para 2020.
·Establecimiento de un mecanismo efectivo de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Se deben poner los medios para evitar la actual desaparición de más de un millón de hectáreas mensuales de bosque tropical, que está liberando gran cantidad de gases de efecto invernadero (mayor a las emisiones mensuales de la Unión Europea) y contribuyendo decisivamente al cambio climático. Es urgente alcanzar niveles tan cercanos a cero como sea posible en deforestación tropical para 2020 y alcanzar deforestación cero para 2015 en las áreas prioritarias como el Amazonas y la cuenca del Congo. Para ello, es necesario crear un fondo global para los bosques con fondos públicos por valor de, como mínimo, 30.000 millones de euros anuales para 2020, que priorice la protección de los bosques naturales intactos, excluya de las actividades susceptibles de recibir fondos aquellas relacionadas con la industria forestal y no contemple la inclusión de las actividades subvencionadas en los mercados de carbono.
·Evitar la tentación de incluir LULUCF1 dentro de los compromisos de reducción de emisiones. España debe abandonar la postura que busca magnificar el papel de los bosques españoles como sumideros de carbono. Las reglas del LULUCF no pueden servir para generar créditos que supongan una reducción del esfuerzo para reducir las emisiones por la quema de combustibles fósiles. Todos los créditos generados por LULUCF deben contabilizarse como adicionales, y como resultado de nuevas políticas y medidas específicas. Además, todas las emisiones procedentes de LULUCF de origen humano (incluidos por tanto los incendios forestales) deben contabilizarse y añadirse a la contabilidad nacional de emisiones o restarse del secuestro de CO2 de las masas forestales.
Estos son los pasos a dar para que el acuerdo que se firme en Copenhague sea el acuerdo que el mundo necesita. El momento es ahora. Si los jefes de Estado no consiguen alcanzar un acuerdo legalmente vinculante en Copenhague significará que no han sido capaces de acercar sus posiciones respecto a los elementos clave que definen un acuerdo ambicioso, justo y vinculante. Y no sería por falta de tiempo sino de voluntad política de los países industrializados. Durante un periodo de dos años Copenhague se ha definido como el momento de hacer historia en la lucha contra el cambio climático y el mundo está esperando que así sea. Los líderes políticos mundiales sólo tienen que cumplir el compromiso manifestado en estos dos años de evitar un aumento de temperatura global de 2°C y Copenhague será un éxito.
Fuente: www.greenpeace.org/spana
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